El Gobierno de Boris Jhonson ha iniciado la tramitación parlamentaria de la ley que reconocerá que los animales son seres con sentimientos. La "Animal Sentience Bill" establece la creación de una "Comisión de Sintiencia Animal" para supervisar que todos los departamentos del Gobierno procuren que sus medidas y políticas futuras no tengan "un efecto adverso sobre el bienestar de los animales como seres sintientes". "Somos una nación de amantes de los animales, y el primer país del mundo que aprobó en su día leyes para proteger su bienestar", declaró por su parte George Eustice, ministro británico de Medio Ambiente.

El Gobierno justifica el nuevo plan de defensa de los derechos de los animales "en las nuevas libertades" conseguidas después de la materialización del Brexit, que permitirá al  Gobierno una política medioambiental autónoma. Concretamente, el paquete de leyes y disposiciones propuesto contempla el trato y protección de animales domésticos y salvajes, su comercio internacional y una regulación especial para la industria ganadera. 

Una nueva división policial se encargará de luchar contra el robo de mascotas, un fenómeno que se ha agudizado en el Reino Unido sobre todo durante la pandemia generada por el Covid-19 . Se impondrá, además, la obligación de que los felinos tengan un microchip que identifique a su propietario (la obligación ya existe en el caso de los perros desde 2010). Se prohibirán, también, los collares de entrenamiento que someten al animal a pequeñas descargas eléctricas con el fin de evitar el sufrimiento generado.

La nueva legislación reducirá al mínimo el tráfico internacional de seres vivos, y prohibirá practicas contra los animales. Al respecto, se declarará ilegal la posesión de todo tipo de primates como animal de compañía o la caza de liebre con perros. Tampoco se podrán utilizar las trampas diseñadas para que el animal quede pegado a ellas, y se declarará ilegal también la exportación o importación de trofeos de caza. También resulta llamativo el anuncio del Gobierno de Johnson de que se estudiará la prohibición futura de importación de foie gras, que se obtiene a partir de la inflamación provocada en el hígado de la oca con un exceso de alimentación.

En el sector de la ganadería, el Gobierno británico afirma que acabará con la exportación de animales vivos para su engorde y sacrificio, que introducirá nuevas mejoras destinadas al bienestar del ganado durante su transporte, y que dotará a la policía de nuevas capacidades que permitan la inspección de cuadras, establos, jaulas y mataderos.

Respetar el bienestar animal no solo supone hacer lo correcto, sino que puede tener un papel clave en el desafío medioambiental al que nos enfrentamos, como es el cambio climático, así como a retos como la resistencia a los antibióticos o la prevención de nuevas pandemias - Claire Bass, directora ejecutiva de Humane Society Interntional  UK

De "bienes muebles" a "seres sintientes" en el Estado español 

La preocupación por el bienestar animal avanza imparable por todo el mundo y el Estado español no es una excepción. Hasta ahora, los animales han sido incluidos en la categoría de bienes muebles dentro del marco jurídico del Estado español. Según la periodista Bianca Carrera, "se hallan, al lado de otros bienes inanimados, en el estatus legal de 'cosas' del Código Civil, como otra propiedad más de la que poder disponer y manipular al antojo de la voluntad humana, sin ningún tipo de consideración". Sin embargo, todo esto podría estar a punto de cambiar.

Con la actual legislación, los animales se equiparan a un coche o a cualquier otra propiedad que puede ser embargada o hipotecada sin tener en cuenta su bienestar o su protección - El País

En abril, el Congreso de los Diputados inició la tramitación parlamentaria de una proposición de ley impulsada por todos los partidos que forman la coalición de Gobierno para modificar el Código Civil, la Ley Hipotecaría y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, para cambiar la denominación actual de los animales a la de "seres vivos dotados de sensibilidad". Al respecto, Carrera afirma que "aunque este cambio puede parecer meramente simbólico, lo cierto es que, según personalidades destacadas del Derecho, representa un cambio enorme en la descosificación y ruptura con la actual concepción catersiana e insensibilizada hacia los animales".

En el sentido práctico, Carrera señala que la reforma proporcionaría mecanismos legales para proteger "la integridad de las vidas animales". La Ley de Bienestar Animal también permitirá establecer un marco común en todo el territorio. En la actualidad, cada comunidad autónoma cuenta con su propia legislación al respecto. Por otro lado, si la reforma acaba siendo aprobada, el perro, el gato o cualquier otro animal doméstico que viva en un hogar tendrá un trato diferenciado, por ejemplo, a la hora de regular una separación matrimonial. De este modo, se podrá crear una custodia compartida del animal. Los cambios también afectan al abandono de los animales. Además de avisar a la autoridad que se encargue de estos casos, la persona que lo halle podría “asumir el cuidado temporal del animal en aras de su protección y bienestar”. Si el rescate o la atención medica  implican gastos para el que lo encuentre, podrán ser reclamados a pesar de que “superen el valor del animal”.

Si observamos el panorama jurídico europeo, se pueden encontrar medidas similares que están vigentes en otros países. Austria, Alemania y Suiza, por ejemplo, dotan a los animales de protección legal en caso de abuso o de derechos básicos de bienestar. El Tratado Consultivo de la Unión Europea también incluye un anexo dedicado a estas cuestiones, pero según Nuria Mendez, miembro fundadora de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Oviedo, este protocolo ha tenido "poco valor jurídico a lo largo de los años". Carrera afirma que ha habido intentos parecidos que han pretendido también garantizar una protección a los animales a nivel interestatal, pero que estos también "han tenido poca repercusión". Y añade que, por esta razón "es bienvenido que España, más pronto que tarde decida tomar la iniciativa y sacar adelante esta reforma legal". Sin embargo, subraya que "si de verdad aspiramos a reconocer los derechos plenos de los animales y dar valor real a sus vidas, lo cierto es que este cambió aún se queda muy corto".

Uno de los más significativos fue la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Proclamada en octubre de 1978 por la UNESCO, establece como violaciones de derechos el no respeto hacía las vidas animales, el maltrato, la explotación, la experimentación con consecuencias física y psicológicamente negativas o la matanza injustificada de animales, entre otros. Mas como cualquier tratado internacional, la declaración y sus artículos no son vinculantes si no son firmadas por los Estados, los cuales, a pesar de pertenecer a Naciones Unidas o a la Unesco, no tienen por qué hacerlo. En caso que lo hicieran, no habría un seguimiento de su cumplimiento ya que no se han establecido organismos de vigilancia en esta materia a nivel global - Bianca Carrera 

Relacionado con esta última cuestión, la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) ya ha declarado que va a promover la presentación de enmiendas con el fin de mejorar ciertos aspectos de la proposición de ley que posiblemente sea finalmente aprobada. Al respecto, la Asociación Parlamentaria considera que "la legislación deja algunos huecos significativos en lo que respecta a la venta de animales o los casos de abandono, donación o disposiciones testamentarias".

En el Estado, el cambio de régimen jurídico de los animales lleva años quedándose en intento. En diciembre de 2017, los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad en el Congreso la tramitación de un proyecto de ley similar, este a propuesta del PP, que decayó a falta de pasar por el Senado y se guardó en un cajón debido al adelanto electoral de 2019. Con el objetivo de que no ocurra lo mismo, el director general de Protección Animal, Sergio García Torres, aseguró en abril que han intentado "agilizar" el procedimiento. "Si esperamos un año con toda la tramitación parlamentaria que lleva, nos podría pasar lo mismo", afirmó.